A 100 años desde la primera Ley sobre Impuesto a la Renta (Ley N°3.396) y próximo a cumplirse 50 años desde la publicación de la actual Ley sobre Impuesto a la Renta (DL N°824), Ley del IVA (DL N°825), y Código Tributario (DL N°830), nuestro socio Alejandro Abuyeres Arancibia, realizó un balance con respecto a las leyes tributarias, destacando sus aciertos y desafíos en el medio The Legal Industry Reviews. 

Los aniversarios nos permiten conmemorar tanto lo positivo como lo negativo, celebrar los logros y entender los desaciertos en diferentes aspectos de la vida. La legislación, como parte fundamental de la estructura social, no es la excepción.

Uno de los pilares esenciales de la ley es proporcionar certeza y estabilidad, cualidades que permiten a los sujetos de derecho conocer y prever las consecuencias de sus actos, contratos o situaciones en las distintas esferas de interacción social. Estos atributos son especialmente valorados en el ámbito del derecho tributario, pues el tributo se traduce en un gravamen al patrimonio del contribuyente, que provoca una disminución de liquidez y, en definitiva, una reducción patrimonial.

La promulgación de nuevas leyes suele ser resistida por los contribuyentes obligados a asumir el peso de dichas cargas fiscales, aunque esta resistencia no es tan significativa como frente a los constantes cambios legislativos. En un contexto de inestabilidad normativa, las empresas pueden optar por postergar decisiones, como iniciar nuevos negocios o expandir su presencia en el mercado. Los cambios constantes se convierten en una variable determinante para la toma de decisiones empresariales, ya que la ley, a diferencia de una interpretación administrativa, no puede ser impugnada fácilmente por el contribuyente, quien, en caso de discrepancias, podría verse abocado a un litigio tributario.

Este año conmemoramos 100 años desde la promulgación de la primera Ley sobre Impuesto a la Renta (Ley N°3.396), ampliamente resistida en una época en la que el financiamiento estatal provenía del salitre y los gravámenes sobre su explotación. Aunque la ley inicial no definía claramente el hecho gravado, su instauración cambió el paradigma de la tributación al capturar los incrementos patrimoniales.

Asimismo, el 31 de diciembre se cumplirán 50 años desde la publicación de los Decretos Leyes N°824, N°825, N°828 y N°830, normas que han perdurado en el tiempo e integran los bloques orgánico y sustantivo de esta rama del derecho. Según la última ley de presupuesto, estas disposiciones siguen siendo fundamentales, permitiendo al Estado captar el 69,5% de sus ingresos fiscales. A pesar de las modificaciones acordes a los cambios en la economía y a las tendencias internacionales, estas normas han conservado la esencia original de su época.

Al hacer un balance de la legislación tributaria, se observan avances significativos que merecen ser reconocidos. En el ámbito de los impuestos a la renta, destacan las medidas para fomentar la inversión, como la integración de los impuestos en 1984 y la inclusión de normas sobre tributación internacional, que acompañaron la apertura del país a operaciones transfronterizas y los convenios para evitar la doble tributación a partir de los años 90.

Respecto del Impuesto al Valor Agregado, el tránsito hacia un sistema plurifásico y no acumulativo, que prioriza la dinámica de impuestos soportados y recargados, ha logrado imprimir neutralidad en este tributo. Destacan también las recientes normas sobre servicios digitales, donde Chile fue pionero en implementar una solución eficaz y sencilla.

Finalmente, en lo que respecta al Código Tributario, son particularmente importantes las reformas que ampliaron la jurisdicción tributaria e incorporaron los derechos de los contribuyentes, transformando la relación entre la administración y el contribuyente.

No obstante, el gran desafío sigue siendo establecer un sistema estable. Las modificaciones constantes impiden que la legislación tributaria cumpla con una característica esencial: la sencillez. Se espera que en esta nueva etapa se logre una legislación eficiente y sencilla, que no obstaculice el desarrollo económico y el emprendimiento, y donde un lenguaje claro se traduzca en certeza y estabilidad para todos los actores involucrados.

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