Una de las promesas de campaña de José Antonio Kast, hoy presidente de Chile, fue impulsar medidas orientadas a hacer más dinámica la economía a través de la inversión extranjera. Incluso antes de asumir el cargo, su agenda apuntaba a reducir la tasa del impuesto corporativo (impuesto de primera categoría), reintegrar el sistema tributario y establecer un mecanismo de estabilidad tributaria que otorgara certeza a los grandes inversionistas.

Luego de asumir en marzo de 2026, una de las primeras tareas del gobierno fue la elaboración de un proyecto de ley conocido como el “Plan de Reconstrucción Nacional”. El proyecto reúne las medidas que el actual presidente, como candidato, había prometido, e incluye disposiciones diseñadas para impulsar la economía, destrabar proyectos de inversión paralizados y financiar la reconstrucción de las localidades devastadas por los incendios forestales de 2024 y 2026.

El proyecto fue presentado al Congreso en abril de 2026 e incluye un ambicioso paquete: diversas medidas en materia tributaria, reforma de permisos y recortes en gasto fiscal, planteados por la administración como una respuesta a más de una década de estancamiento económico.

En materia tributaria, el proyecto propone reducir gradualmente la tasa del impuesto corporativo desde un 27% a un 23% durante el periodo presidencial. Asimismo, se propone un sistema tributario plenamente integrado, eliminando la actual obligación de restitución del 35% que limita cuánto del impuesto corporativo puede imputarse como crédito contra los impuestos finales de los accionistas. Las pequeñas y medianas empresas mantendrían el régimen transitorio reducido actualmente vigente, junto con una menor tasa de pago provisional mensual. El proyecto también abre una ventana temporal de repatriación de capitales, permitiendo a los contribuyentes traer de vuelta a Chile activos mantenidos en el extranjero bajo un impuesto sustitutivo del 7%, siempre que los fondos permanezcan invertidos localmente; y un beneficio temporal de reducción del 50% del impuesto a las donaciones, disponible por un año desde la publicación de la ley.

No exento de controversia, el mecanismo de estabilidad tributaria a 25 años es una de las medidas más atractivas. Estaría disponible para inversionistas que comprometan al menos USD 50 millones en proyectos mineros, industriales, forestales, energéticos, de infraestructura, telecomunicaciones o I+D. Bajo este esquema, el inversionista firmaría un contrato con el Ministerio de Hacienda que congelaría la carga tributaria efectiva vigente al momento de la firma.

El proyecto también aborda la notoria demora en la aprobación de proyectos en el país, conocida desde hace años como “permisología”, proponiendo reducir el plazo para invalidar un permiso sectorial de dos años a solo seis meses y crear un mecanismo de “seguro” para que las empresas cuyas aprobaciones ambientales aprobadas sean posteriormente revocadas en tribunales, puedan recuperar los costos ya incurridos.

Si bien la propuesta ha generado críticas por parte de la oposición, que argumenta que favorece a los grandes contribuyentes y pone en riesgo las finanzas públicas, el Gobierno, incluido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, replica que restaurar la competitividad tributaria y la certeza jurídica es lo que permitiría destrabar la inversión necesaria para elevar el crecimiento y reducir el desempleo.

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